Ensañamiento hasta el fondo de lo absurdo

Un juez de Apartadó le informó en estos días a nuestra Comunidad de Paz, que la Brigada XVII del ejército puso una Acción de Tutela contra nosotros, alegando que nuestras constancias lesionan su honra y buen nombre. El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela. ¿En qué país vivimos, Dios nuestro?

Puesto que se nos pide introducirnos en un proceso judicial, una vez más invocamos nuestra Objeción de Conciencia, apoyados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.

Durante los primeros 8 años de nuestro proceso creímos en las instituciones; acudimos a ellas intensamente; urgimos la apertura de investigaciones a montones frente a los centenares de crímenes que nos dejaban deshechos; rendimos declaraciones en fiscalías y juzgados por cantidades; acudimos a tribunales internacionales; inundamos de derechos de petición los despachos presidenciales clamando con urgencia medidas de protección. Nunca fuimos escuchados. Perdimos tres centenares de compañeros y compañeras abatidos por las muertes más crueles e ignominiosas y precisamente por meternos tan de lleno en la exigencia de justicia, conocimos a fondo la podredumbre que había en esas instituciones. Tuvimos en las manos las fotocopias de muchos procesos y comprobamos en directo los montajes que se urdían en la Brigada XVII, usurpando el poder judicial, inventándose falsas acusaciones a fuerza de torturas, chantajes y sobornos, todo tejido en purulentas redes de corrupción entre militares, policías, fiscales, jueces, procuradores, defensores, magistrados y detectives, lo cual nos produjo náuseas morales y la decisión irrevocable de no volver a colaborar con esa podredumbre que se hace llamar “justicia”. Lo que nos quedó totalmente claro era que nuestras conciencias no nos permitían seguir relacionándonos con esa perversidad. Por eso hicimos LA RUPTURA.

También recogimos procedimientos depravados y nombres de funcionarios envilecidos por la corrupción y, en un gigantesco derecho de petición, el 19 de enero de 2009 le presentamos todo eso a todas las altas Cortes del Estado para que declararan un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”, pero desgraciadamente los magistrados de las altas Cortes se echaron para atrás, frente a una tarea que seguramente les habría acarreado multitud de venganzas y quizás atentados y muertes.

El Estado lo ha intentado todo para destruirnos: desde nuestro nacimiento como Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, lo primero que intentó fue eliminarnos físicamente. Asesinó a centenares de compañeros y compañeras; para ello echó mano de los “falsos positivos” con derroche de sevicia, y los militares que los ejecutaron no han sido tocados por la “justicia”. No les tembló la mano para descuartizar niños y mujeres. Planearon las masacres más horrendas y las camuflaron con informes, órdenes de operaciones y mapas adulterados, como los mismos oficiales lo confesaron bajo el peso de sus remordimientos. Violaron mujeres. Profanaron y ocultaron cadáveres. Aún nos deben a muchos desaparecidos –crímenes que no prescriben- y ojalá la JEP los obligue a devolver siquiera sus restos. Todo esto lo hicieron en una alianza a la luz del día con los paramilitares, cuyos lazos con ellos son de muy larga data. Recordamos haberlos visto muchas veces cocinando juntos el almuerzo y ellos mismos son los que hoy nos repiten, todas las semanas, en las veredas donde tratan de humillarnos, que todo está coordinado con sus “primos”: los militares.

Como no nos pudieron matar a todos porque varios gobiernos y comunidades internacionales se les pusieron de frente y los censuraron moral y políticamente, entonces buscaron degradarnos. Se aliaron con medios perversos de comunicación para que nos publicitaran a todos los vientos como aliados y colaboradores de la guerrilla. Con ese falso título, que contradecía en su núcleo lo que buscamos al alejarnos de toda colaboración con la guerra, encarcelaron a multitud de campesinos inocentes, llevándolos primero a la Brigada para confeccionar el montaje, el cual era aceptado de antemano por los corruptos fiscales y jueces. A otros con el mismo montaje los mataron en falsos combates y vistieron sus cadáveres con uniformes camuflados. Todos esos expedientes están por reabrir para sacar a la luz su podredumbre. La Corte Constitucional en un momento nos dio la razón y aceptó que se formara una Comisión de Evaluación de la Justicia (Auto 164 de 2012) pero los mismos delegados de otras instituciones participantes se encargaron de boicotear su desarrollo. Hay allí una tarea histórica ineludible y un deber sagrado para con la humanidad y para con la dignidad de las víctimas.

No les bastó eliminar a una parte importante de nuestra Comunidad. Como siempre han querido destruirnos radicalmente, se propusieron durante varios años matarnos por hambre. En los retenes nos robaban toda la comida que traíamos y a algunos los mataron en la misma carretera al quitarles sus mercaditos. Mataron a 4 conductores para aterrorizar a los demás conductores y lograr que nadie subiera alimentos. Luego mataron a los tenderos del caserío y a los tenderos de la carretera. Les quemaron los cultivos a las viudas y recorrieron fincas destruyendo cultivos y robando mercados y animales. Sin embargo, tampoco pudieron exterminarnos por hambre.

En un posterior esfuerzo, la Brigada ha tratado de cooptar a las organizaciones campesinas y meterles en su cabeza la idea de que nuestra Comunidad es enemiga del progreso y del desarrollo, por el hecho de no estar de acuerdo en que las carreteras las construyan los paramilitares y que todo el territorio se ponga al servicio de la minería y de la ganadería, empresas que acaban con la cultura campesina y arruinan el medio ambiente. Nos han estigmatizado y ahora impulsan el robo de nuestros predios donde hemos organizado nuestra subsistencia y la de la generación que se levanta. Ya no  saben de qué nuevas estrategias echar mano para destruirnos.

Ahora buscan aliarse con el poder judicial para empujarlo a decisiones absurdas y perversas. Lograron que el 30 de diciembre pasado un juez dejara en libertad a quienes iban a asesinar a varios de nosotros, y si no lo hicieron, fue porque varios de nuestra Comunidad se lanzaron a tiempo a inmovilizarlos y desarmarlos. El juez juzgó que ese tipo de retención era ilegal y violatoria de sus derechos. Lo único que cabe pensar es que el juez les reconocía un extraño “derecho a matar” y a la Comunidad le exigía un extraño “deber de dejarse matar”.

Ahora ocurre algo muy similar: el juez cree que el buen nombre y la honra que hay que preservar es la de los victimarios y que a las víctimas hay que imponerles la obligación de callarse, de no denunciar, de dejarse exterminar. Ya hemos llegado, pues, al fondo del absurdo.