Nuestros victimarios reivindican el derecho a amordazar Y el poder judicial se los concede

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad
de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus
derechos perpetradas en las últimas semanas:
En las ultimas semanas nos han llegado informaciones de amenazas de muerte a
pobladores de la zona por no querer pagar impuestos o vacunas obligatorias a los
paramilitares que se encuentran hoy controlando territorio de san José de Apartadó.
De la misma manera las amenazas en contra de los defensores y defensoras de Derechos
Humanos continúan, pues ya son muchas las personas campesinas que en estos 21 años
de Comunidad de Paz se han tenido que desplazar a otras regiones del país por
amenazas del paramilitarismo, al igual que muchos funcionarios de la Defensoría del
Pueblo que por múltiples amenazas se han estado retirando de la región para salvar su
vida a falta de garantías frente a las graves amenazas que han hecho que tengan que
abandonar la zona.
Ya son muchos comentarios que se escuchan en la zona de que se acercan las
guerrillas del Ejercito de Liberación Nacional ELN los cuales están llegando por muchos
lugares de la región, lo que significa mas conflicto armado y muerte para el
campesinado, pues ya se encuentra posesionado en este territorio las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia AGC los cuales están amenazando y controlando por la fuerza
al campesinado que es el que al final sufre las consecuencias de la guerra. Nuestra
Comunidad de Paz siempre rechazará y dejará en constancias publicas el accionar
criminal de cualquier grupo armado ya sea legal o ilegal que llegue a nuestra región a
desangrarla con su control perverso, pues es por esa misma razón que no paramos de
denunciar públicamente de que hay un paramilitarismo que ya hace lo que le da la gana
en nuestro territorio y ninguna institución competente hace nada para parar todo esto.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son.
* El viernes 14 de septiembre de 2018, un grupo grande de paramilitares hizo presencia
en las veredas Arenas, Mulatos y La Esperanza, y según se comentó entre los pobladores,
custodiaban a un alias “Pueblito”.
* El sábado 15 de septiembre de 2018, se realizó una fiesta en la vereda Arenas Altas, en
la cual estuvieron presentes 6 reconocidos paramilitares, entre los cuales estaban alias
“Caballo” y alias “Majute”.
* El Domingo 23 de septiembre de 2018, según los pobladores, llegó a la vereda La
Resbalosa un grupo de 200 paramilitares, quienes traían consigo muchas mulas y las
soltaron sin permiso para que consumieran el pasto de las fincas de los campesinos.
* El sábado 29 de septiembre de 2018, en horas del día fue amenazado el Defensor del
Pueblo y Analista del SAT para la región de Urabá, el cual recibió en su teléfono
institucional amenazas que lo obligaron a un desplazamiento forzado para proteger su
vida, pues no se le proporcionaron las medidas de protección mas adecuadas para su
situación y que le permitieran mantenerse en la región.
* El martes 09 de Octubre de 2018, en horas del día, cuando un grupo de integrantes de
nuestra Comunidad de Paz estaba llegando a la la vereda Arenas Altas, se pudo
comprobar que personas extrañas habían invadido nuestra propiedad privada y se
habían establecido en uno de nuestros terrenos comunitarios, siendo reconocibles entre
los invasores varios paramilitares.
* El domingo 28 de octubre de 2018, varios paramilitares estuvieron acercándose a los
espacios de la Comunidad de Paz en La Unión.
* El sábado 03 de Noviembre de 2018 fue amenazado un poblador de la región por
paramilitares quienes lo buscaron en horas de la noche en su casa, por lo cual se vio en
la necesidad de huir para salvar la vida.
* El martes 13 de Noviembre de 2018, a las 13:31 horas llegó a nuestra Comunidad de
Paz una nueva citación judicial para obligarnos, como Comunidad, a retractarnos de los
llamados que hemos hecho a las personas solidarias que, en el país y el mundo, aún
conservan principios éticos, para que nos ayuden a resistir ante las agresiones y
violaciones graves de nuestros derechos que continuamente estamos sufriendo, de parte
de unas estructuras armadas y criminales que en más de 21 años han demostrado que
gozan de la tolerancia, aquiescencia, apoyo y complicidad de las instituciones del Estado,
especialmente de aquellas que tienen la misión de defender a los ciudadanos de la
violación de sus derechos.
En los absurdos textos recibidos del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Apartadó, la Juez y la Brigada XVII afirman que los militares demandantes (brigada y
batallones) se encuentran “en estado de indefensión” ante la Comunidad de Paz. No
entendemos si es que quieren hacer una broma con tan desproporcionada ironía, mofa
y sarcasmo: unidades militares con miles de armas modernas, tanques, helicópteros,
transportes sofisticados y medios de comunicación de últimas tecnologías, se sienten
desprotegidos ante una Comunidad de campesinos que se configuró justamente en el
rechazo a todo tipo de armas; que vive en la pobreza y que nunca ha querido ser
protegida por el poder judicial ni por los demás poderes del Estado, pues todos sus
clamores y derechos de petición han sido ignorados durante más de dos décadas. Todo
esto nos demuestra que el lenguaje ha llegado a tales niveles de confusión e insensatez
que ya nadie entiende nada.
Pero, ¿qué es lo que quiere la Juez? ¿Qué nos callemos? ¿Qué nos dejemos masacrar,
torturar, violar, calumniar, desplazar, estigmatizar y no digamos nada? ¿Que nos
dejemos tratar como trapos de sacudir y no abramos la boca? ¿Qué nos aguantemos
todas las atrocidades que quieran hacer con nosotros y guardemos silencio? ¿Cómo
puede un país soportar a jueces que obligan a las víctimas a guardar silencio? Hasta el
más ignorante entiende que una tal juez no tiene ética; no tiene sentido de humanidad;
no conoce los principios que están en las raíces de las leyes. ¡Pobre país nuestro¡ ¡A qué
abismos de irracionalidad hemos llegado¡
Pero la juez y los mismos militares abundan aún más en lo vergonzoso: se atreven a decir
que si tenemos pruebas de los atropellos, las llevemos a la Fiscalía y a las mismas
guarniciones militares. Por Dios¡ Parece que ignoraran que así lo hicimos durante
muchos años y sólo encontramos impunidad y corrupción. ¿Quieren afirmar que aunque
comprobemos que la corrupción y la impunidad son los resultados, debemos continuar
en el mismo camino? Quieren aconsejarnos que continuemos insistiendo en lo que no
sirve y que además nos daña? No podremos agradecerles consejos tan malignos.
Además ¿a quién se le ocurre que una institución es apta para investigar y juzgar los
crímenes de sus mismos integrantes? La humanidad ha comprobado que esto es
imposible. Si los militares quieren comprobar lo que ellos mismos han hecho, pueden ir
a la Corte Penal Internacional y allí encontrarán abundante material que durante estas
dos décadas hemos enviado allí, intentando tocar otras puertas por donde pudiera
asomarse algo de justicia.
Nuevamente agradecemos a todas las personas que han escuchado nuestros clamores
desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros
sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción,
pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas
tutelas.