Reciclamientos de una violencia contumaz

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, preocupada en extremo por
lo vivido en los últimos meses, quiere dejar constancia ante el país y el mundo de
la degradación que se vive en la región, efecto de las estrategias políticas del
Estado y del Establecimiento en esta coyuntura en que se ha firmado un cese de
fuego con un movimiento insurgente, si bien en un mar de incoherencias e
incumplimientos.
1. La violencia que ha afectado a la zona en la cual se inscribe nuestra
Comunidad de Paz, estuvo determinada durante muchas décadas por la
presencia de frentes guerrilleros y al mismo tiempo por estrategias
represivas criminales de parte de la fuerza pública y una red enorme de
estructuras paramilitares que contaron siempre con la incentivación,
asesoría, tolerancia y protección de la fuerza pública. La represión criminal
contra la población civil, que produjo muchos centenares de muertos,
torturados, víctimas de montajes judiciales y falsos positivos y de otras
numerosas violaciones de los derechos fundamentales, se apoyó siempre en
el mecanismo de considerar como insurgente a todo inconforme o miembro
de cualquier movimiento u organización social. Al desmovilizarse la
guerrilla de las FARC, se ha podido comprobar que las estructuras
paramilitares, estrechamente ligadas a la fuerza pública, han querido copar
los espacios dejados por dicha guerrilla y tratar de dominar todo el
territorio del corregimiento. Esto ha sido concomitante con una nueva
incentivación de los cultivos de coca, actividad que está sirviendo de apoyo
financiero al paramilitarismo. Para un control más riguroso de la zona, los
paramilitares están estableciendo puntos de informantes a su servicio en
todas las veredas y exigen que las comunidades los designen como
miembros de las juntas comunales. Ya en una de las veredas, la presencia de
dichos informantes ha provocado un desplazamiento forzado. Es claro que
los paramilitares están dotando a dichos informantes de armas, lo que
implica una nueva extorsión violenta sobre las comunidades, y también hay
casos evidentes de reclutamiento de menores. La financiación del
paramilitarismo en su nueva expansión, está recurriendo también a
impuestos ilegales o “vacunas”, que los propietarios de ganado, carniceros,
comerciantes y trabajadores deben pagarles, pero también la gente del
común es forzada a vincularse a sus proyectos productivos para luego
aportarles también impuestos. Es evidente la vinculación de muchos
campesinos de la zona, en diversos grados, y no pocos por temor o por la
presión de la supervivencia, a dichas estructuras o proyectos paramilitares.
Incluso han infiltrado los espacios de nuestra Comunidad de Paz con
intención de reclutar a uestros integrantes para sus proyectos o al menos
como puntos de información.
2. Por otra parte se han multiplicado visitas a la zona de altos funcionarios del
Estado, como el Vicepresidente, algunos parlamentarios, autoridades
militares, el Alcalde, defensores, procuradores, siempre acompañados por
periodistas cooptados, estrategia que tiene por objetivo evidente dar una
imagen positiva de la zona y negar todas las estrategias paramilitares y
represivas. Se aduce que como en los últimos tres años no ha habido
muertos, entonces la región “se encuentra en paz”, cerrando los ojos al
dominio paramilitar; a las amenazas y planes de exterminio de la
Comunidad de Paz y a las estrategias difamatorias contra quienes, como
nuestra Comunidad, no dejamos de denunciar las atrocidades.
3. Desde hace varios meses se percibe, por parte de la Brigada XVII del Ejército
y de las estructuras paramilitares, un afán de calumniar y estigmatizar el
acompañamiento internacional, que ha constituido la principal protección
con la cual ha contado nuestra Comunidad de Paz, ya que de parte de las
instituciones del Estado sólo hemos recibido agresiones, siendo víctimas
permanentes de modalidades de persecución, exterminio y genocidio. El
Comandante de la Brigada ha elaborado falsas versiones de intervenciones
de los acompañantes y las ha transmitido a otras instituciones del Estado y a
la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha tomado
fotografías y datos de identidad de algunos acompañantes, contra toda
norma legal, y los ha difundido en documentos de circulación
interinstitucional con la intención no disimulada de que la Cancillería
restrinja sus actividades de acompañamiento. En concomitancia con esto, los
paramilitares han venido anunciando, cada vez con mayor énfasis, su
decisión de atentar contra los acompañantes internacionales en la medida en
que éstos impidan el desarrollo de sus planes. Recientemente, en cercanías
de un retén militar, asaltaron a miembros del Consejo Interno de nuestra
Comunidad quienes se movilizaban en un vehículo de servicio público y les
robaron, a mano armada, el dinero producto de la comercialización
comunitaria del cacao; cuando los acompañantes internacionales
protestaron, lanzaron una amenaza directa contra ellos, anunciando que si
van a estorbar sus planes, atentarán contra ellos para sacarlos de en medio.
Esta amenaza que se ha repetido con frecuencia por parte de los
paramilitares, mira a destruir la protección moral, la única que nuestra
Comunidad ha aceptado, rechazando las protecciones armadas que el
Estado ofrece pero que desconocen el principal de nuestros principios
fundantes que es el rechazo a usar armas y a colaborar o convivir con
cualquier actos armado.
4. Podríamos decir que nos encontramos en una situación similar a la de 1997,
cuando era evidente que el único proyecto que tenía viabilidad para la zona
era el de dominio y control absoluto del paramilitarismo sobre la vida, la
economía, la política y la cultura de la población de la zona. El Estado, por
supuesto, no lo afirmó así en ninguno de sus documentos o expresiones
públicas pero sí lo afirmó rotundamente en sus prácticas, principalmente en
la politización sesgada de su aparato judicial, en las omisiones de los
Presidentes y sus oídos sordos a los clamores de las víctimas, en la
connivencia y unidad de acción de su fuerza pública con el paramilitarismo
y en sus política de negar todo lo que lo pueda comprometer, ocultando la
realidad trágica y dolorosa de las víctimas y elaborando estrategias de
solución que no tocan para nada las raíces de los crímenes sino que las
silencian, las niegan y las encubren. Ahora se evidencia que son los mismos
criterios los que se imponen: los soldados han repetido por las veredas que
no van a perseguir a los paramilitares sino a los que los denuncian y eso es
lo que se comprueba en la práctica. Los paramilitares, por su parte, se
sienten seguros y asumen una actitud arrogante como queriendo afirmar
que “son Estado” y que no hay nada que hacer contra ellos; que la única
actitud sensata es callarse y aceptarlos como suprema autoridad de la zona,
mientras ellos amenazan, dominan y saquean los bienes de subsistencia de
los campesinos.
Si todo esto contrasta con el discurso oficial y el de los medios masivos de
información, por ello justamente queremos denunciar y compartir nuestros análisis
y nuestra preocupaciones con aquellos que aún creen en la dignidad humana y que
han apoyado nuestra resistencia durante varias décadas, a los cuales les reiteramos
nuestra inmensa gratitud.