Y las Cortes también se resquebrajaron

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó hace uso de su derecho fundamental a expresarse y a comunicarse con las personas y comunidades solidarias del país y del mundo y, en general, con toda la sociedad de nuestro entorno, para hacerle conocer lo que vivimos y sufrimos en nuestra cotidianidad, la cual ha estado siempre cercada de amenazas, riesgos y sufrimientos, ya que desde nuestro origen las instituciones de nuestro país, en lugar de protegernos, han decidido más bien agredirnos y afrentarnos o se han valido de otros grupos criminales que gozan de su protección para que nos agredan y para que nos hagan sentir que nuestro Estado nos considera como ajenos, o aún peor, como “enemigos internos” que no merecemos ni respeto ni protección de nuestros derechos humanos ni ciudadanos.

Y si en algunos períodos contamos al menos con el amparo de la Corte Constitucional, que en varias sentencias y autos reivindicó y exigió respeto a nuestros derechos fundamentales, para lo cual le dio órdenes al Presidente de la República, a sus ministros y a los organismos de control, órdenes que a la postre fueron desacatadas y burladas por el mismo Jefe de Estado, sus ministros y las demás instituciones, sin embargo, esa misma alta Corte ha claudicado de sus deberes esenciales de salvaguarda de los principios fundamentales de la Carta, seguramente por presiones políticas, como lo ha demostrado al fallar la última demanda de nulidad, en la cual se le pedía derogar el fallo que una sala de revisión había proferido, aceptando pretensiones del estamento militar clarísimamente contrarias, no sólo a la Constitución Nacional y a sus jurisprudencias, sino también al Derecho Internacional más reiterativo.

En efecto, cuando la Brigada 17 del ejército quiso amordazarnos, en agosto de 2018, mediante una Acción d Tutela presentada ante una juez promiscua de Apartadó, queriendo impedir que le gritáramos nuestros dolores a la sociedad civil, ya que ni la justicia quiso actuar en muchos años en que frecuentamos el aparato judicial para rogar y exigir  justicia sin ser oídos sino más bien amenazados y ofendidos, y sin que tampoco los presidentes quisieran cumplir su obligación constitucional de actuar como garantes de los derechos fundamentales, pues se lo suplicamos apremiantemente en no menos de 90 derechos de petición sin ser oídos, la sentencia que acogió la Tutela militar terminó en una sala de revisión en la Corte Constitucional, donde un magistrado de reconocida ideología reaccionaria decidió hacerle caso a la presión militar y redactó la Sentencia T-342 de 2020,  en la cual decidió “tutelar el derecho al buen nombre de la brigada 17 del ejército nacional y de sus integrantes” (…) aduciendo que en las constancias de nuestra Comunidad de Paz “se ignora la presunción de inocencia en tanto se le atribuye a dicha unidad militar la aquiescencia y la complicidad actual con grupos paramilitares, sin que exista una providencia judicial que haya dado cuenta de tal situación”.

Tal sentencia escandalizó y enfureció a los conocedores del derecho internacional y constitucional, pues, por un lado, pretendía desconocer un derecho tan sagrado como el de libre expresión, que para los tratados y organismos internacionales es el pilar más fundamental de un Estado que pretenda llamarse “democrático”, y por otro lado, desconocía el criterio fundamental que la Constitución ha reconocido para saber si alguien puede reivindicar un derecho al “buen nombre”, y es cuando su comportamiento social lo ha hecho merecedor al mismo.  Con todo, el magistrado fallador no ignoraba que la Brigada 17 estaba implicada en masacres horrendas, en alianza con los paramilitares, pues lo cita en el mismo fallo, y sólo en un párrafo expresa el temor de que eso se haya seguido repitiendo, pero contradice flagrantemente a su conciencia al ni siquiera preguntarse si todo lo que nuestra Comunidad afirma en sus constancias es cierto o es falso, y sin ni siquiera ordenar que se investigue. Tan aberrante Sentencia despertó la solidaridad de abogados amigos quienes redactaron una demanda de NULIDAD, demanda que recibió el apoyo de eminentes juristas de diversos países y de organismos internacionales de derechos humanos.

Todo muestra que la ponencia ya estaba consolidada para declarar NULA dicha Sentencia, pero en la sesión de la Sala Plena del pasado 13 de mayo de 2021, la votación favoreció por un voto de ventaja a los que temían anular una sentencia de tan alta corte, pues eso podría jugar en desprestigio de la misma Corte. La transparencia no ha sido virtud destacada de los poderes judiciales que se vanaglorian de su poder. Según el Comunicado emitido en esa fecha por la Corte, 4 magistrados salvaron su voto y otros 4 lo explicaron. Al leer sus argumentos sumarios, queda claro que la casi totalidad de los magistrados estuvieron en desacuerdo con la Sentencia 342 y sólo algunos no quisieron anularla, no por su argumentación central, con la cual manifiestan haber estado en desacuerdo, sino porque los argumentos técnicos para anularla no estuvieron bien trabajados. Pero, ¿Cómo se le exige a una víctima o a su abogado, dominar la técnica jurídica constitucional? ¿Acaso no eran los mismos magistrados los llamados a perfeccionar esos argumentos técnicos?

Queda claro que 8 de los 9 magistrados concuerdan en que los militares no pueden alegar derecho al buen nombre, y menos los de la Brigada 17, y en que el derecho a la libre expresión de la Comunidad de Paz no se puede coartar y menos cuando hace denuncias. Pero esto no se ve compatible con la decisión central de la Corte en esta ocasión, que al rechazar la demanda de nulidad, mantiene vigente el fallo anterior, el cual resulta tutelando un derecho que no es tutelable y restringiendo otro derecho que no se puede restringir.

El bloque más radical de los magistrados (los que salvaron su voto) afirma tajantemente que los militares no pueden reclamar derecho al “buen Nombre”. Al respecto afirman: “para la protección de la garantía constitucional al buen nombre, la jurisprudencia en vigor exige la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular. Así, quien tiene en su contra decisiones judiciales que desvirtúan la existencia de una conducta irreprochable no está en posición de reclamar la protección de su derecho al buen nombre por delitos u omisiones cometidos en el pasado. La Corte ha sido enfática en manifestar que el derecho al buen nombre, además de ser personalísimo, está relacionado directamente con “la valía que los miembros de una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la persona el componente que activa la protección del derecho. Así, en atención a que esta garantía requiere de la buena imagen, reconocimiento social y conducta irreprochable de quien alega su protección, en nuestra opinión, en este caso no era posible proteger, conforme a las reglas jurisprudenciales en la materia, el derecho al buen nombre de la Brigada XVII del Ejército Nacional. En efecto, las más de 10 providencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los varios autos de seguimiento proferidos por la Corte Constitucional y las diferentes decisiones judiciales, tanto del ámbito nacional como internacional, dan cuenta de que en el pasado se ha comprobado la complicidad entre la Brigada XVII del Ejército Nacional y los grupos paramilitares que actúan en la zona de Urabá, para el ejercicio de acciones violentas que han victimizado a los miembros de la Comunidad de Paz (…) En consecuencia, era procedente anular la sentencia T-342 de 2020 con base en la causal de desconocimiento de la jurisprudencia en vigor proferida por las Salas de Revisión y la Sala Plena.

Tanto el Comunicado como los salvamentos y explicaciones de votos de los magistrados, insisten en que la sentencia que se pedía anular, no había exigido retractarse de las Constancias, ni retirarlas de las redes sociales, ni prohibía seguir sacando constancias, pero mantener vigente esa sentencia es algo que se contradice con todo esto. No hay coherencia alguna. La Corte está resquebrajada.

Hay que abonarles a los 4 magistrados que salvaron su voto, esta nota de comprensión para con nuestra Comunidad de Paz: “La decisión de negar la nulidad se convierte en un evento de negación histórica del derecho a la tutela judicial efectiva que sufren estas víctimas del conflicto armado en Colombia. Estas, agotadas de acudir a un sistema que ha probado en numerosas ocasiones ser insuficiente, hoy se encuentran nuevamente ante barreras estrictas e inflexibles que hacen nugatoria la protección de sus derechos al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y al ejercicio de sus libertades fundamentales, en particular, la libertad de expresión”. Comprenden, pues, cabalmente, nuestra ruptura con la justicia.

 

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos aquí con nuestras CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El domingo 30 de mayo de 2021un paramilitar conocido como “El Flaco” amenazó con arma de fuego (pistola) a un poblador en el casco urbano de San José y ninguna autoridad hizo nada. Al parecer, la víctima tuvo que irse de la zona por unos días para salvar su vida.
  • El mismo domingo 30 de mayo de 2021en horas del día, nos enteramos de que el paramilitar alias “Cristian”, junto con otros de su grupo, estarían llegando a las casas de los pobladores para exigirles sumas de dinero con el fin de arreglar de nuevo los caminos que fueron destrozados por la maquinaria que ilegalmente penetró en las veredas por las carreteras impulsadas por el Señor César Jaramillo junto con la Brigada XVII.
  • El martes 1º de junio de 2021en horas del día, fue visto transitar por la vereda El Porvenir un grupo de más de 10 paramilitares que portaban armas largas y radios de comunicación.  Se deja constancia que permanentemente están pasando por allí sin ninguna restricción y que ya tienen allí un centro de operaciones para el control de la zona.
  • El sábado 05 de junio de 2021 nos llegaron informaciones según las cuales la celebración de la fiesta del campesino en la vereda La Unión está siendo organizada por la Junta de Acción Comunal junto con el Señor César Jaramillo y la Brigada XVII. Preocupa esto por la alta presencia de paramilitares que hay allí, como alias “Jesusito”, “alias Samuel”, alias “Wilfer”, alias  “Ramiro” y otros jóvenes que también están portando armas de fuego  y  haciendo disparos, así como por la nula atención a constancias de hechos muy graves que nuestra Comunidad de Paz ha señalado.
  • El domingo 06 de junio de 2021en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que el paramilitar Wilfer Higuita estaba averiguando en el casco urbano de la vereda la Unión quiénes son los que le están informando todo lo que pasa allí a la Comunidad de Paz.
  • El viernes 11 de junio de 2021, en horas de la tarde, dos paramilitares interceptaron a un niño de nuestra Comunidad de Paz, sobre el camino que conduce al caserío de San José, para enviar con él amenazas contra nuestro Representante, diciéndole: “ey chinga:  para que le diga a ese representante legal de la comunidad que se cuide porque en estos días vamos a entrar allá”.
  • El sábado 12 de junio de 2021, en horas del día, fueron vistos dos paramilitares, quienes portaban radios de comunicación y armas cortas, a tres minutos del casco urbano en la vereda La Unión.
  • El jueves 17 de junio de 2021, en horas del día fueron vistos transitar por la vereda La Unión de San José de Apartadó un grupo armado desconocido, según informaciones son paramilitares que están utilizando armas largas, uniformes y cascos militares para patrullar en la zona como si fuera fuerza pública.
  • El sábado 19 de junio de 2021, en horas del día fueron vistos un grupo de paramilitares portando armas largas, uniformes y cascos militares en la vereda Las Nieves de San José de Apartadó. Los mismos que fueron visto en la vereda La Unión el 17 de junio 2021

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no permita que destruyan nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.